MODELO DE PAÍS

Los estudiantes plantean la universidad pública, gratuita y de alta calidad. ¿Cómo financiarla? Renegociar la deuda que cuesta 40 veces más que la U Pública; un soldado cuesta $18 millones/año y un universitario $3.5; a las multinacionales les conceden exenciones de impuestos por $8.0 billones/año; a la Nación le roban 200 veces más al año que el costo de la U; ¿y las pensiones del carrusel jurídico? De ahí el oprobioso tercer lugar de Colombia en desigualdad social.
Exportar crudo sin valor agregado, requiere obreros a destajo, en vez de excelentes ingenieros, para la refinería y la petroquímica; ¿para qué profesionales la alta calidad, si, el 0.4% de la población tiene el 60% de la tierra y ésta se entrega a las multinacionales, si los médicos sirven a las EPS, y si los economistas son pajes del gran capital?
¿El gobierno es de servidores públicos o de criados de la plutocracia? El país aplaude el cambio del paro coyuntural y a piedra, por la lucha trascendente y pacífica por el cambio estructural del modelo nacional de desarrollo, un estupendo marco referencial para quienes asuman el poder en enero.

Jóvenes que enseñan

Protestan los jóvenes con un fin preciso y un liderazgo propio que logra su meta: Negar el mercantilismo en la educación superior. Las asociaciones de profesores y los sindicatos quedan al margen, fueron superadas. Los jóvenes los tienen a raya, porque saben que si les dan tribuna, los venden. Tampoco se dejan infiltrar por quienes desean colocarles el mote de terroristas, para desvirtuar su justo reclamo.
Contrasta el deseo de castrar a la Universidad Pública, sometida a una disminución progresiva de sus recursos –contrario al mandato constitucional- con la urgencia de optimizar su función a través de la ciencia, médula argumental del modelo investigativo. De ahí que no solo exijan retirar el proyecto, sino definir en conjunto la esencia de un nuevo proyecto de Ley y además definir las claves de una constituyente educativa, como afirman los estudiantes.
La torpeza de la Universidad y la burocratización del profesorado impide asumir la ciencia como el centro vital de todo el sistema. Hoy el centro vital es la lucha por el poder interno, representado en contratos y clientelas, así lo funcional decaiga. Pero eso lo han palpado los estudiantes y luchan por ello.
Por otra parte, la Sociedad y el Estado tienen la obligación de aplicar su propio modelo investigativo, para que exista sinergia integradora de saberes, en vez del insulso y reiterado reclamo –desprovisto de apoyo- que suele hacerse a la Universidad.

Marcelino Sosa

La semana pasada hubo en Villavicencio, una cumbre étnica de la Orinoquia y de la Amazonia, dado que la reciente Ley de Tierras se hizo contra los pueblos indígenas y sus resguardos. Sigue la colonia.
Un caso, es el de Marcelino Sosa, líder sikuani y escritor. Su etnia, lo elige como alcalde de Cumaribo –casa de moriche- pueblo indígena del Vichada fundado por Nicolino Mattar Chipiaje y gobierna según los códigos culturales del saber empiro-mágico.
El desdén por el país multiétnico y pluricultural, la exclusión del pensamiento indígena y el racismo, lo tienen en la cárcel. Tiene 74 años y está en La Picota, condenado a 42 años. En su defensa desde Matavén, escribió en 2007, que a él lo debe juzgar su pueblo.
El estatus de un alcalde étnico, debe ser el de un indígena alcalde y jamás, el de un alcalde indígena. El estudiante indígena, es un indígena estudiante; de lo contrario lo masacra el profesorado feudal. La agresión, el constreñimiento y el desplazamiento que sufren las etnias, muestran que el sistema judicial cree que la Constitución del 91, es letra muerta: ¡La ley se obedece, pero no se cumple!.

MAPIRIPÁN

Cuando Mapiripán levanta su cabeza, con los cultivos de oleaginosas –palma africana, jatropha e higuerilla- que lidera la empresa italiana POLIGROW, le cae el mazazo del engaño a la reparación de víctimas. Se cacarea que fue allá, pero no se dice que el delito lo cometió el colectivo de abogados José Alvear, a través de testaferros, que engañaron a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, para hacerles girar grandes sumas de dinero a víctimas ficticias. Ellos se embolsillan más de la mitad. ¿Se corrompió la sal…? La OEA se lava las manos y dice que todo fue consultado con la Fiscalía y el Gobierno.
No solo asesinaron a los habitantes de ese marginal asentamiento al final de la Altillanura a orillas del Guaviare, sino que ahora le cuelgan una lápida, enlodando su verdad de esfuerzo y de progreso.
Mientras continuemos tragando entero tales holocaustos, defendiendo a los asesinos y birlando la justicia, la paz solo será una quimera y la sentencia de Saramago será premonitoria… “Colombia tiene que vomitar sus muertos”.